Inquilinos e inquilinas desamparados

En el contexto actual de inflación y de caída del salario, cada vez se hace más difícil y más costoso alquilar. La última encuesta nacional de inquilinos arrojó que el 46,7% del salario es destinado al pago de alquileres.

La Cámara de Diputados de la Nación trata por estos días la mentada reforma de la Ley de Alquileres. Hace poco se emitió el dictamen de las comisiones, tanto por la mayoría como de minoría, con distintos alcances y contenidos.

El dictamen de mayoría del Frente de Todos obtuvo 40 firmas, mientras que el de minoría, que unificó el de Juntos por el Cambio y el de Identidad Bonaerense (Graciela Camaño), alcanzó 37. A grandes rasgos, el primer proyecto plantea ciertos cambios en la misma línea de la reforma anterior, manteniendo el plazo mínimo de los contratos de tres años y los incrementos anuales fijados a partir del promedio del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

En cambio, el dictamen por minoría iría más en línea con las solicitudes de liberalización del mercado inmobiliario. El plazo de los contratos volvería a dos años, y se permitirían ajustes cada tres, seis o 12 meses, por acuerdo libre entre las partes. El único aporte que parece más consensuado entre ambos dictámenes implicaría “invitar” a los gobiernos locales a establecer incentivos fiscales para que quienes poseen viviendas las ofrezcan en alquiler.

Aunque la discusión central debiera estar puesta en la necesidad de llevar adelante una política pública de hábitat para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, parece ser que en este país agrietado volvimos a la discusión clásica de la conveniencia de intervención o no del Estado en los mercados.

GARANTIZAR LOS DERECHOS

Es el Estado el que debe garantizar los derechos de los ciudadanos; no podemos esperar eso del mercado. Quienes pensamos que, además, debe ser el Estado el que priorice las necesidades de aquellos más débiles, ya que es el único capaz de equilibrar las condiciones hacia la justicia social, esperamos mucho más de quienes conducen los destinos del país.

Por otro lado, las estadísticas del sector resultan alarmantes. Según los datos del Indec, en las grandes ciudades, el porcentaje de hogares que alquilan ha ido en aumento año a año. Algunos investigadores adelantan que los datos de este año duplicarán el porcentaje de 2001 y llegarán a casi el 30%. Estamos ante a un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía.

En el contexto actual de inflación y de caída del salario, cada vez se hace más difícil y más costoso alquilar. La última encuesta nacional de inquilinos arrojó que el 46,7 por ciento del salario, en promedio, es destinado al pago de alquileres, sin contar expensas e impuestos.

La discusión por reformar la Ley de Alquileres parece haber abierto de nuevo la grieta entre oficialismo y oposición. El oficialismo niega la realidad y parece no querer hacer ningún cambio de fondo ni proponer políticas públicas concretas. Parte de la oposición cree que sólo es un problema del libre juego del mercado, cuestión que ya no sorprende.

Este tema no debe ser un nuevo botín para la grieta. Lo que debemos recordar es que en medio se encuentran las familias inquilinas. Las más damnificadas por la actual situación económica nacional. Una ley sancionada sin amplios consensos no va a dar tranquilidad ni solucionar la situación de los millones de inquilinos en Argentina, ni darles una perspectiva a quienes ponen sus propiedades en alquiler.

JÓVENES QUE ALQUILAN

Desde mi rol como legislador provincial, vengo trabajando respecto de un sector específico de la población inquilina: las juventudes. Sector que no sólo presenta dificultades de inserción al mercado laboral, sino que además son los que destinan aún mayor porcentaje de su sueldo al alquiler.

Si tomamos los datos de la Universidad Nacional de Córdoba, el 57% de estudiantes de las carreras de grado proviene de regiones externas a la capital provincial. Además, el 40% trabaja, y de quienes no trabajan, el 38% busca trabajo. Es decir, una parte importante de estudiantes requiere de algún ingreso propio para cubrir su costo de vida en la ciudad. Estos datos me llevaron a pensar en la necesidad de contar con una política pública que brinde beneficios a la población joven para costear los gastos iniciales destinados al primer alquiler.
 

Es necesario en nuestra provincia un programa de promoción que releve las condiciones legales y económicas de los alquileres en zonas de acceso educativo e incluya facilidades crediticias con el objeto de financiar gastos administrativos asociados al inicio del contrato de alquiler y mudanza de las personas jóvenes que no sean consideradas sujetos de crédito por la banca formal. Además, que brinde asesoramiento con información de utilidad acerca de derechos y obligaciones de locadores y locatarios, así como también prevea la creación de consultorios jurídicos que asesoren en materia contractual.

Tal vez estas medidas no resuelven la discusión de fondo a nivel nacional, pero implican tender la mano del Estado a jóvenes inquilinos e inquilinas que cayeron en la grieta del desamparo.