Este miércoles se reunieron por primera vez, de manera virtual, representantes de instituciones de la economía social, nacional y provincial, tras una convocatoria del INAES.
Con la presencia de referentes del cooperativismo provincial y nacional, entre los que se contó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros, se concretó una reunión conjunta con el objetivo de discutir el presente y futuro del sector asociativo.
Desde la presidencia de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba, el socialista Matías Chamorro repasó las distintas acciones que se vienen llevando adelante desde el espacio.
Además destacó que es importante para su gestión “poner a disposición la Comisión como espacio de articulación amplio de actores vinculados al asociativismo y la Economía social y popular a los fines de canalizar inquietudes e iniciativas legislativas para fortalecer y potenciar la actividad”.
Cabe recordar que en el mes de junio se presentó un proyecto de ley para la modificación del inciso 4to del artículo Nro. 7° de la Ley provincial de Obras Públicas N°8614, que permitirá que en la adjudicación directa de la obra pública provincial, se encuentren comprendidas las Cooperativas que estén legalmente constituidas y debidamente autorizadas por el INAES, y en cuyo objeto se les permita realizar esa actividad.
Entre las iniciativas a futuro se planteó la creación una nueva ley de fomento de la economía colaborativa y plataformas digitales para la economía social, que permitirá profundizar lazos económicos y sociales para facilitar la circulación de bienes, servicios y trabajo entre cooperativas, individuos y Pymes.
Otra iniciativa es la la creación del Registro de Bienes y Servicios brindados por Cooperativas de Trabajo, en el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, con el objetivo de que las organizaciones de la economía popular puedan registrarse y tanto el estado como los privados tengan acceso a ese registro y puedan acceder a los bienes y servicios que ofrecen las cooperativas.
