Nos reunimos por primera vez, de manera virtual, con distintos representantes de instituciones de la economía social, nacional y provincial; tras una convocatoria del INAES para repasar y planificar distintas medidas llevadas adelante para el sector cooperativo ante la crisis.
Con la presencia de referentes del cooperativismo provincial y nacional, entre los que se contó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros; se concretó una reunión conjunta con el objetivo de discutir el presente y futuro del sector asociativo.
Desde la presidencia de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba, comentemos las distintas acciones que se vienen llevando adelante desde el espacio. Además, destacamos, que es importante para nuestra gestión “Poner a disposición la Comisión como espacio de articulación amplio de actores vinculados al asociativismo y la Economía social y popular a los fines de canalizar inquietudes e iniciativas legislativas para fortalecer y potenciar la actividad”
En el mes de junio se presentamos un proyecto de ley para la modificación del inciso 4to del artículo Nro. 7° de la Ley de Obras Públicas, número 8614, de nuestra provincia que permitirá que en la adjudicación directa de la obra pública provincial, se encuentren comprendidas las Cooperativas que estén legalmente constituidas y debidamente autorizadas por el INAES, y cuyo objeto les permita realizar obras públicas.
Como iniciativas a futuro, se planteeamos la creación una nueva ley de fomento de la economía colaborativa y plataformas digitales para la economía social, que permitirá profundizar lazos económicos y sociales para facilitar la circulación de bienes, servicios y trabajo entre cooperativas, individuos y Pymes. Otra iniciativa es la la creación del Registro de Bienes y Servicios brindados por Cooperativas de Trabajo, en el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, con el objetivo de que las organizaciones de la economía popular puedan registrarse y tanto el estado como los privados tengan acceso a ese registro y puedan acceder a los bienes y servicios que ofrecen las cooperativas.
