La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional.
No es novedad que nuestro país atraviesa una compleja situación macroeconómica, con crecientes niveles de pobreza e indigencia. Se registra, además, una inflación superior al 100% interanual que está llegando a límites históricos y una merma significativa del poder adquisitivo de la gente.
Sumado a esto, según los últimos datos publicados por el Indec, casi uno de cada tres argentinos no es propietario de su vivienda y alquila. Esto no es circunstancial: es una tendencia estructural en nuestro país. Estamos ante un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía.
Costear un alquiler en esta debilitada situación es un peso que casi tres millones de hogares deben afrontar cada mes. Ante la falta de datos censales oficiales a nivel nacional, utilizaremos información de agrupaciones inquilinas: la mayoría de los locatarios destina entre un tercio y la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, porcentaje que viene aumentando con el correr de los años.
La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional, debido a sus competencias y capacidades recaudatorias. Las recientes filtraciones que hablan de una posible suspensión por decreto de la Ley de Alquileres resultan nefastas. Si bien es claro que la actual ley de orden público tiene sus fallas, como la falta de incentivos que amplíen la oferta de inmuebles, también es cierto que el gobierno de Alberto Fernández ha realizado una deficiente implementación y escaso control.
La eventual suspensión o derogación de la ley haría que los contratos pasen a estar regidos por el Código Civil y Comercial y que los inquilinos se vean muy afectados por la reducción de la duración de los contratos y la actualización discrecional por parte del locador. Es decir, los perjudicados en este contexto vuelven a ser los inquilinos, quienes hacen lo que pueden para llegar a fin de mes.
El acceso a la vivienda es un derecho constitucional y es el Estado el que debe garantizar los derechos de los ciudadanos, priorizando las necesidades de los más débiles. Si realmente buscamos la justicia social, no podemos esperar eso del mercado.
Por otro lado, el Estado no puede desatender la falta de oferta en el sector. Los propietarios prefieren volcarse al alquiler temporal o no alquilar, lo que agrava el problema. La pregunta que divide las aguas es: ¿la baja oferta es producto de la falta de incentivos que generó la ley o es un problema de la mala implementación? La inversión inmobiliaria, históricamente, ¿fue para obtener ganancias de las rentas con su alquiler o simplemente para “proteger” el patrimonio ante los ciclos de inestabilidad económica? Ante la falta de datos oficiales, toda respuesta es mera especulación ideológica.
La situación habitacional en Córdoba no dista demasiado de la del resto del país. Sin embargo, hay ciertos elementos que la matizan, principalmente por el acompañamiento del Estado provincial en materia de adquisición de nuevas viviendas, como préstamos hipotecarios a tasa cero, urbanización de barrios populares y los programas Vida Digna y Vivienda Semilla. Falta una política pública concreta destinada a quienes alquilan.
Hace años que vengo trabajando en la temática, defendiendo a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: los inquilinos. Por eso presenté un proyecto para que el pago de honorarios de los corredores deba ser realizado por el propietario del inmueble y no por los inquilinos. Trabajé en un proyecto de ley para la creación de un registro público de administradores de consorcios de propiedad horizontal y presenté otra iniciativa para que las mediaciones sean obligatorias antes de avanzar con ejecuciones o desalojos. Fui impulsor de la exención del Impuesto de Sellos de los alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación en nuestra provincia. Y estoy trabajando en un proyecto para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en alquiler.
En conclusión, estamos en medio de una crisis habitacional gravísima en la que, ante la imposibilidad de un sector de la población para acceder a la vivienda propia, el Estado tiene que generar políticas para quienes optan o se ven obligados a acudir a la vivienda en alquiler. Sin embargo, el Estado nacional está haciendo lo contrario: precariza más la situación. La eventual efectivización de la suspensión o derogación de la Ley de Alquileres dejaría aún más desprotegidos a los inquilinos ante la voracidad del mercado. Por eso, desde mi lugar, voy a seguir trabajando por garantizar el acceso al derecho constitucional a la vivienda digna de todos los cordobeses.
