Categoría: En los medios

La Legislatura aprobó la actualización de las leyes del Trabajo Social en Córdoba

Se aprobaron dos proyectos presentados por el Socialista Matías Chamorro, claves para el Trabajo Social: la actualización de la Ley de Ejercicio Profesional y de la Ley de Colegiación, ambas vigentes desde hace 40 años. Las nuevas normas modernizan el marco legal de la profesión desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social, y fortalecen la estructura del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba (CPSSPC). Las leyes fueron elaboradas por el Legislador socialista Matías Chamorro luego de múltiples instancias de trabajo junto al Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba y trabajadoras y trabajadores sociales de toda la provincia. Desde el sector lo consideran un avance histórico para la profesión y para los derechos sociales. “Lo que acabamos de aprobar representa una actualización necesaria para una de las profesiones más importantes del sistema de protección social. En un contexto de crisis, ajuste y recesión provocado por las políticas del Gobierno Nacional, con más de 20.000 empresas que cerraron y 276.000 empleos formales perdidos, las trabajadoras y trabajadores sociales sostienen todos los días a las familias en los territorios. Su tarea es clave en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar a las y los Argentinos”, destacó Chamorro. Las nuevas leyes incorporan avances vinculados al perfil profesional, al encuadre de las intervenciones en instituciones públicas y privadas, a la responsabilidad ética, y a la federalización del Colegio, que tendrá seis delegaciones para fortalecer la participación en toda la provincia. Asimismo, brindan mayor seguridad a quienes acuden a trabajadoras y trabajadores sociales en situaciones de violencia, vulnerabilidad, problemáticas de salud mental, niñez, adolescencias, mujeres y diversidades, entre otras. Durante la sesión, el Legislador socialista agregó: “Mientras el Gobierno Nacional impulsa la desregulación de las profesiones y busca vaciar el rol de los Colegios, Córdoba hace exactamente lo contrario: fortalecemos a quienes transforman, emancipan, garantizan, acompañan y cuidan. Hoy Córdoba apuesta a fortalecer los derechos de los y las profesionales y, sobre todo, de los más vulnerables”.  

Legisladores visitaron las instalaciones de la Cooperativa Manfrey y la Cooperativa Agricola de Freyre

Por iniciativa del Legislador Matías Chamorro, presidente de la comisión de Cooperativas y Mutuales de la unicameral,  los miembros de distintos bloques recorrieron una de las principales productoras lácteas del país. https://www.youtube.com/watch?v=akgRxAgZS80 La visita se dio en el marco de una reunión conjunta de las Comisiones de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes. Manfrey es una de las principales productoras lácteas del país ubicada en la localidad de Freyre, departamento San Justo. Además, conocieron el tambo modelo de la empresa, un innovador sistema destacado en la promoción del bienestar animal. La unidad de producción cuenta con 150 vacas en la actualidad y hacia fin de año, aspira alcanzar una producción de 10.000 litros de leche por día. Legisladoras y legisladores se reunieron con autoridades de ambas cooperativas y autoridades municipales. El presidente de Manfrey, Ercole Felippa detalló sobre los diferentes procesos productivos que vienen llevando a cabo desde un modelo de gestión cooperativo. El tambo cuenta con la última tecnología, con un sistema intensivo de producción, alojamiento para los animales tipo Free Stall, ordeñe automatizado, camas de goma, sistema de lavados y de recuperamiento de agua. Manfrey cumplió 80 años de existencia en el sector cooperativo y actualmente genera 580 puestos de trabajo directos. Por último, recorrieron la Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Consumo Freyre junto a sus autoridades. Esta unidad cuenta con una amplia variedad de productos y servicios ligados a la actividad agropecuaria como asesoramiento legal, venta de insumos, semillas, corralón, fertilizantes y mucho más. La misma, actualmente tiene 180 socios activos y 60 empleados directos. Chamorro presidente de la Comisión de Economía Social comentó luego de recorrer las instalaciones del tambo modelo: “Es un ejemplo para el sector cooperativo, de que es posible incorporar tecnología, invertir y ser vanguardia en el sector lechero en esta zona, además es de gran importancia conocer de primera mano esta experiencia tan importante que demuestra que el sistema cooperativo es un sistema viable y competitivo” Anterior Siguiente

El partido socialista renueva su compromiso con Carlos Paz Unido

Pasamos por “Carlos Paz al Día” del Canal 2 de Carlos Paz para hablar sobre la actualidad política de la ciudad y de los aportes que el socialismo puede hacer de la mano de sus referentas en la localidad, Maria Soledad Grifone y Silvia Robledo, de cara a las próximas elecciones municipales. 

La necesidad de consensos para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler

En poco más de 20 años la población inquilina de nuestro país se duplicó. Después de meses de incertidumbre e inoperancia por fin comenzaron a publicarse los primeros datos definitivos del censo 2022 y los mismos reflejan que el 34.5% de los argentinos no son propietarios de sus viviendas. En poco más de 20 años la población inquilina de nuestro país se duplicó. Después de meses de incertidumbre e inoperancia por fin comenzaron a publicarse los primeros datos definitivos del censo 2022 y los mismos reflejan que el 34.5% de los argentinos no son propietarios de sus viviendas. Este creciente proceso de inquilinización no debería representar un problema per se, de hecho, hay países como Alemania en donde la mitad de la población se encuentra en régimen de inquilinato. Sin embargo, gracias una amplia base de consensos y un estado nacional comprometido, se desarrollaron políticas públicas exitosas como la “Ley de arrendamiento social”, mediante la cual se pone un límite porcentual a los incrementos que pueden hacer los propietarios en las actualizaciones contractuales, entre otras medidas; o el programa de “Precio de referencia” de Suecia, mediante el cual se establece un precio de referencia para el alquiler de los inmuebles. Es claro que la situación económica en general y habitacional en particular de la Argentina dista mucho de la de los países europeos, por lo tanto, sería inutil tratar de replicar respuestas habitacionales que fueron exitosas en otras latitudes sin considerar factores históricos, contextuales y coyunturales. En esta oportunidad me parece clave poner el foco en dos cuestiones. En primer lugar, el “sueño de la casa propia”, este concepto se encuentra muy arraigado culturalmente debido, principalmente, a la inestabilidad  que caracterizó a nuestro país desde sus albores. El ser propietario brinda la seguridad de que pase lo que pase, siempre vas a tener asegurado un techo bajo tu cabeza. Y en segundo lugar, las dificultades de acceso a divisas más estables en un contexto inflacionario, que generan que la construcción sea utilizada como un método de dolarización del capital. Considero que hay una cuestión muy rescatable del proceso de construcción de consensos que decantó en el desarrollo de estas políticas públicas. Me refiero a la lógica horizontal y participativa, en la que inquilinos, propietarios, inmobiliarias y academia plantearon sus necesidades y preocupaciones, para que desde allí el Estado actúe como mediador y diseñe políticas en la materia. Con esta base desde mi posición como legislador de la provincia de Córdoba impulsé el armado de una mesa de trabajo amplia, plural y representativa que pueda llegar a consensos temáticos y trabajar la problemática de forma integral. La mesa de trabajo que contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil; como la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Juntas por el Derecho a la Ciudad, Inquilinos Córdoba, La Asociación para la Vivienda Económica; Cooperativas de vivienda, como la Cooperativa Felipe Varela y Académicos del  INVIHAB-FAUD-UNC y del CEVE-CONICET-UNC se reunió por primera vez el dia viernes 19 de mayo y logró alcanzar acuerdos que servirán de base para el trabajo de la problemática. El primero de estos consensos, y a la luz de los datos publicados por el INDEC, es que el problema en Argentina no radica en el crecimiento del parque habitacional, de hecho, puede verse que mientras de 2010 a 2022 la población creció un 15%, la cantidad de viviendas creció un 28%. Estamos ante un contexto de concentración de la propiedad en pocas manos, por lo tanto las políticas públicas no deberían destinarse al fomento de la  producción de viviendas, sino a facilitar el acceso a las mismas, mediante regímenes de propiedad o alquiler. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el alquiler es una forma válida de dar respuesta al déficit de acceso habitacional argentino, debemos flexibilizar los requisitos de ingreso a regímenes de inquilinato de forma que se aligere la carga para el sector inquilino. En esta línea se deben impulsar propuestas como que “La comisión inmobiliaria la pague el dueño”, sin embargo debemos tener presente que esto es una respuesta coyuntural necesaria a un problema estructural que en nuestro país debe ser respondido por el Estado Nacional. En tercer y último lugar se reconoció que el Estado tiene que buscar la promoción de políticas públicas de producción de suelo urbano para el acceso a  las viviendas, ya sea para propietarios o para inquilinos con la participación de cooperativas, sindicatos, y/o organizaciones de la sociedad civil en la construcción de las mismas. De esta forma se podría descomprimir la producción de inmuebles de las desarrollistas y que éstas puedan trabajar de manera conjunta con el Estado nacional para democratizar la producción. De hecho, la economía social y solidaria podría ser una vía para lograr este objetivo clave. En la provincia de Córdoba los datos van en línea con los nacionales,   aproximadamente 4 de cada 10 personas están alquilando. Sin embargo, como hemos expuesto, allí no radica el problema, sino que un estudio realizado por el IDECOR sobre el comportamiento del mercado de alquileres urbanos demuestra que el incremento del valor unitario del alquiler residencial mediano (VUA), índice que promedia el valor residencial mediano de viviendas en alquiler, creció desde 2021 hasta principios de 2023  en un 300%, superando la inflación acumulada en el mismo periodo. En definitiva, el valor de los alquileres crece a una velocidad mayor que la inflación y si consensuamos que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico, debemos promover iniciativas que   trabajen la problemática del hábitat. A pesar de que debería ser el Estado nacional quien se haga cargo, ya que es quien además de tener la obligación, tiene los recursos para hacerlo, los gobiernos subnacionales, no pueden desligarse de la problemática. Debemos avanzar en la generación de consensos con el sector que permita aliviar la dificultad de acceso a la vivienda en alquiler. Quienes nos encontramos en el Poder Legislativo, principal órgano de deliberación política, podemos propiciar el fortalecimiento del vínculo con la

Los inquilinos se hunden, el Gobierno baila en la cubierta del Titanic

La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional. No es novedad que nuestro país atraviesa una compleja situación macroeconómica, con crecientes niveles de pobreza e indigencia. Se registra, además, una inflación superior al 100% interanual que está llegando a límites históricos y una merma significativa del poder adquisitivo de la gente. Sumado a esto, según los últimos datos publicados por el Indec, casi uno de cada tres argentinos no es propietario de su vivienda y alquila. Esto no es circunstancial: es una tendencia estructural en nuestro país. Estamos ante un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía. Costear un alquiler en esta debilitada situación es un peso que casi tres millones de hogares deben afrontar cada mes. Ante la falta de datos censales oficiales a nivel nacional, utilizaremos información de agrupaciones inquilinas: la mayoría de los locatarios destina entre un tercio y la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, porcentaje que viene aumentando con el correr de los años. La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional, debido a sus competencias y capacidades recaudatorias. Las recientes filtraciones que hablan de una posible suspensión por decreto de la Ley de Alquileres resultan nefastas. Si bien es claro que la actual ley de orden público tiene sus fallas, como la falta de incentivos que amplíen la oferta de inmuebles, también es cierto que el gobierno de Alberto Fernández ha realizado una deficiente implementación y escaso control. La eventual suspensión o derogación de la ley haría que los contratos pasen a estar regidos por el Código Civil y Comercial y que los inquilinos se vean muy afectados por la reducción de la duración de los contratos y la actualización discrecional por parte del locador. Es decir, los perjudicados en este contexto vuelven a ser los inquilinos, quienes hacen lo que pueden para llegar a fin de mes. El acceso a la vivienda es un derecho constitucional y es el Estado el que debe garantizar los derechos de los ciudadanos, priorizando las necesidades de los más débiles. Si realmente buscamos la justicia social, no podemos esperar eso del mercado. Por otro lado, el Estado no puede desatender la falta de oferta en el sector. Los propietarios prefieren volcarse al alquiler temporal o no alquilar, lo que agrava el problema. La pregunta que divide las aguas es: ¿la baja oferta es producto de la falta de incentivos que generó la ley o es un problema de la mala implementación? La inversión inmobiliaria, históricamente, ¿fue para obtener ganancias de las rentas con su alquiler o simplemente para “proteger” el patrimonio ante los ciclos de inestabilidad económica? Ante la falta de datos oficiales, toda respuesta es mera especulación ideológica. La situación habitacional en Córdoba no dista demasiado de la del resto del país. Sin embargo, hay ciertos elementos que la matizan, principalmente por el acompañamiento del Estado provincial en materia de adquisición de nuevas viviendas, como préstamos hipotecarios a tasa cero, urbanización de barrios populares y los programas Vida Digna y Vivienda Semilla. Falta una política pública concreta destinada a quienes alquilan. Hace años que vengo trabajando en la temática, defendiendo a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: los inquilinos. Por eso presenté un proyecto para que el pago de honorarios de los corredores deba ser realizado por el propietario del inmueble y no por los inquilinos. Trabajé en un proyecto de ley para la creación de un registro público de administradores de consorcios de propiedad horizontal y presenté otra iniciativa para que las mediaciones sean obligatorias antes de avanzar con ejecuciones o desalojos. Fui impulsor de la exención del Impuesto de Sellos de los alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación en nuestra provincia. Y estoy trabajando en un proyecto para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en alquiler. En conclusión, estamos en medio de una crisis habitacional gravísima en la que, ante la imposibilidad de un sector de la población para acceder a la vivienda propia, el Estado tiene que generar políticas para quienes optan o se ven obligados a acudir a la vivienda en alquiler. Sin embargo, el Estado nacional está haciendo lo contrario: precariza más la situación. La eventual efectivización de la suspensión o derogación de la Ley de Alquileres dejaría aún más desprotegidos a los inquilinos ante la voracidad del mercado. Por eso, desde mi lugar, voy a seguir trabajando por garantizar el acceso al derecho constitucional a la vivienda digna de todos los cordobeses.

Intendentes de la Mesa Vecinalista se reunieron pensando en el segundo semestre.

Durante la jornada se habló del presente del espacio, su posibilidad de ampliación y se definieron objetivos de gestión para el futuro. Se aprovechó para fijar posturas comunes en el marco de las negociaciones en la Mesa Provincia–Municipios. Anterior Siguiente La mesa de intendentes vecinalista representa a más de 250.000 habitantes de las principales localidades intermedias de distintos puntos de la provincia. La jornada se llevó adelante en el Hotel ACA de la capital y participó el intendente de Cosquín Gabriel Musso,  Daniel Gómez Gesteira de Villa Carlos Paz, Paulo Tessio de Icho Cruz, Fernando Cuassolo de Saturnino María Laspiur, Mauro Daniele de Las Varillas y Raúl Figueroa de Deán Funes. Los acompañó uno de los articuladores del espacio, el Legislador Socialista Matías Chamorro. De la reunión se compartieron miradas sobre la incidencia de los resultados del Censo, la necesidad de compartir estrategias de gestión para mejorar la prestación de los servicios y requerir a la brevedad una reunión como Foro al Ministro de Gobierno de la Provincia para acercarle algunas propuestas e inquietudes. Chamorro comentó sobre el encuentro “Este espacio es para intercambiar ideas, fijar estratégias y políticas públicas en común que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los distintos municipios de Córdoba. Desde la Legislatura estamos trabajando para acompañar a estos intendentes que priorizan la gestión local, que provienen de diversos espacios políticos “