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Presupuesto 2024: Buscan aumentar la oferta de viviendas en alquiler y se creó Fondo Cooperativo para acompañar al sector

Dentro del paquete de leyes económicas para el ejercicio fiscal 2024 se aprobaron medidas para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, a través de aumento de impuestos a viviendas ociosas y beneficios para quienes dispongan alquilar su inmueble. También se creó un “Fondo Específico” destinado para atender sus necesidades de las Cooperativas de la provincia. Para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, dentro del paquete de leyes económicas para el ejercicio fiscal 2024 aprobado en la 35ª sesión ordinaria de la Unicameral, se prevé un descuento del 30% sobre el impuesto inmobiliario a los propietarios que dispongan viviendas en alquiler, presentando el contrato de locación en la DGR. También se busca evitar que haya viviendas vacías pudiendo aumentar hasta el 100% del valor del impuesto, cuando se determine que un inmueble entra en la categoría de vivienda vacía, ociosa y/o desocupada. Por último se busca desincentivar los alquileres temporarios, los cuales deberán pagar más Ingresos Brutos, estableciendo un monto mínimo de $180.000 anuales.  Por otra parte se creó el “Fondo Cooperativo” que estará conformado por la recaudación del impuesto de Ingresos Brutos que ya tributan las cooperativas, y servirá para atender sus necesidades. Es decir, que lo recaudado volverá a las cooperativas a través de políticas públicas focalizadas, que permitan  no solo fomentar el cooperativismo, sino a la Economía Social y Solidaria de Córdoba. Además el sistema cooperativo de servicios de energía eléctrica se incorpora al Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), este fondo será destinado a la financiación y ejecución de las obras de infraestructura e inversiones para el mejoramiento, adecuación y modernización del sistema  eléctrico en todo el territorio de la Provincia de Córdoba. Sobre la importancia de las iniciativas el legislador Chamorro quien preside la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales resaltó: “Desde nuestro espacio venimos promoviendo junto a las organizaciones inquilinas y académicas en la temática de hábitat en nuestra provincia, políticas públicas que incentiven la oferta de viviendas en alquiler es por eso que celebramos estas medidas que van a aumentar la oferta para las y los cordobeses que recurren al alquiler como única opción para acceder a una vivienda digna. También valoramos positivamente la creación del Fondo Cooperativo que va a brindar herramientas para fortalecer al sector y la incorporación de las Cooperativas Prestadoras del Servicio Público al FODEP, ya que le va a dar más incidencia a la hora de en el destino que se le dará a estos fondos.”

La necesidad de consensos para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler

En poco más de 20 años la población inquilina de nuestro país se duplicó. Después de meses de incertidumbre e inoperancia por fin comenzaron a publicarse los primeros datos definitivos del censo 2022 y los mismos reflejan que el 34.5% de los argentinos no son propietarios de sus viviendas. En poco más de 20 años la población inquilina de nuestro país se duplicó. Después de meses de incertidumbre e inoperancia por fin comenzaron a publicarse los primeros datos definitivos del censo 2022 y los mismos reflejan que el 34.5% de los argentinos no son propietarios de sus viviendas. Este creciente proceso de inquilinización no debería representar un problema per se, de hecho, hay países como Alemania en donde la mitad de la población se encuentra en régimen de inquilinato. Sin embargo, gracias una amplia base de consensos y un estado nacional comprometido, se desarrollaron políticas públicas exitosas como la “Ley de arrendamiento social”, mediante la cual se pone un límite porcentual a los incrementos que pueden hacer los propietarios en las actualizaciones contractuales, entre otras medidas; o el programa de “Precio de referencia” de Suecia, mediante el cual se establece un precio de referencia para el alquiler de los inmuebles. Es claro que la situación económica en general y habitacional en particular de la Argentina dista mucho de la de los países europeos, por lo tanto, sería inutil tratar de replicar respuestas habitacionales que fueron exitosas en otras latitudes sin considerar factores históricos, contextuales y coyunturales. En esta oportunidad me parece clave poner el foco en dos cuestiones. En primer lugar, el “sueño de la casa propia”, este concepto se encuentra muy arraigado culturalmente debido, principalmente, a la inestabilidad  que caracterizó a nuestro país desde sus albores. El ser propietario brinda la seguridad de que pase lo que pase, siempre vas a tener asegurado un techo bajo tu cabeza. Y en segundo lugar, las dificultades de acceso a divisas más estables en un contexto inflacionario, que generan que la construcción sea utilizada como un método de dolarización del capital. Considero que hay una cuestión muy rescatable del proceso de construcción de consensos que decantó en el desarrollo de estas políticas públicas. Me refiero a la lógica horizontal y participativa, en la que inquilinos, propietarios, inmobiliarias y academia plantearon sus necesidades y preocupaciones, para que desde allí el Estado actúe como mediador y diseñe políticas en la materia. Con esta base desde mi posición como legislador de la provincia de Córdoba impulsé el armado de una mesa de trabajo amplia, plural y representativa que pueda llegar a consensos temáticos y trabajar la problemática de forma integral. La mesa de trabajo que contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil; como la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Juntas por el Derecho a la Ciudad, Inquilinos Córdoba, La Asociación para la Vivienda Económica; Cooperativas de vivienda, como la Cooperativa Felipe Varela y Académicos del  INVIHAB-FAUD-UNC y del CEVE-CONICET-UNC se reunió por primera vez el dia viernes 19 de mayo y logró alcanzar acuerdos que servirán de base para el trabajo de la problemática. El primero de estos consensos, y a la luz de los datos publicados por el INDEC, es que el problema en Argentina no radica en el crecimiento del parque habitacional, de hecho, puede verse que mientras de 2010 a 2022 la población creció un 15%, la cantidad de viviendas creció un 28%. Estamos ante un contexto de concentración de la propiedad en pocas manos, por lo tanto las políticas públicas no deberían destinarse al fomento de la  producción de viviendas, sino a facilitar el acceso a las mismas, mediante regímenes de propiedad o alquiler. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el alquiler es una forma válida de dar respuesta al déficit de acceso habitacional argentino, debemos flexibilizar los requisitos de ingreso a regímenes de inquilinato de forma que se aligere la carga para el sector inquilino. En esta línea se deben impulsar propuestas como que “La comisión inmobiliaria la pague el dueño”, sin embargo debemos tener presente que esto es una respuesta coyuntural necesaria a un problema estructural que en nuestro país debe ser respondido por el Estado Nacional. En tercer y último lugar se reconoció que el Estado tiene que buscar la promoción de políticas públicas de producción de suelo urbano para el acceso a  las viviendas, ya sea para propietarios o para inquilinos con la participación de cooperativas, sindicatos, y/o organizaciones de la sociedad civil en la construcción de las mismas. De esta forma se podría descomprimir la producción de inmuebles de las desarrollistas y que éstas puedan trabajar de manera conjunta con el Estado nacional para democratizar la producción. De hecho, la economía social y solidaria podría ser una vía para lograr este objetivo clave. En la provincia de Córdoba los datos van en línea con los nacionales,   aproximadamente 4 de cada 10 personas están alquilando. Sin embargo, como hemos expuesto, allí no radica el problema, sino que un estudio realizado por el IDECOR sobre el comportamiento del mercado de alquileres urbanos demuestra que el incremento del valor unitario del alquiler residencial mediano (VUA), índice que promedia el valor residencial mediano de viviendas en alquiler, creció desde 2021 hasta principios de 2023  en un 300%, superando la inflación acumulada en el mismo periodo. En definitiva, el valor de los alquileres crece a una velocidad mayor que la inflación y si consensuamos que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico, debemos promover iniciativas que   trabajen la problemática del hábitat. A pesar de que debería ser el Estado nacional quien se haga cargo, ya que es quien además de tener la obligación, tiene los recursos para hacerlo, los gobiernos subnacionales, no pueden desligarse de la problemática. Debemos avanzar en la generación de consensos con el sector que permita aliviar la dificultad de acceso a la vivienda en alquiler. Quienes nos encontramos en el Poder Legislativo, principal órgano de deliberación política, podemos propiciar el fortalecimiento del vínculo con la

Chamorro se reunió con organizaciones preocupadas en políticas de hábitat y alquileres para la provincia.

Con el objetivo de coordinar acciones y dar respuesta a la grave situación que están atravesando las y los inquilinos, diversas organizaciones de la sociedad civil cordobesa se reunieron con el legislador Socialista en la Unicameral. Anterior Siguiente La antesala del encuentro estuvo marcada por los preocupantes datos publicados el 18 de mayo por INDEC respecto al censo 2022. El porcentaje de población inquilina creció de un 21,4% en 2010 a un 34.5% en 2022. La población inquilina crece, al igual que las problemáticas del sector ante la falta de control del cumplimiento de la normativa vigente. El encuentro llamado “Desayuno urbano: Diálogo entre organizaciones y parlamentarios por el hábitat” fue organizado por el Legislador provincial Matías Chamorro en conjunto a la Asociación Civil Inquilinos Córdoba, el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE-CONICET) y la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad. El mismo, tenía por objetivos servir como plataforma de reflexión y encuentro sobre los desafíos que enfrenta la ciudad y la provincia de Córdoba en  cuanto  a la políticas de hábitat, con especial interés en las dirigidas al acceso a la vivienda en alquiler. A su vez, se pretendió fortalecer el entramado de organizaciones que trabajan la temática de hábitat y difundir los proyectos que vienen realizando. Además de los organizadores mencionados participaron el Legislador Mariano Lorenzo, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, la Asociación de Vivienda Económica, el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (FAUD – UNC), CISCSA y la Cooperativa de Trabajo y Vivienda Felipe Varela. La actividad concluyó con un documento de trabajo en el que quedaron plasmados las posturas, reflexiones y consensos alcanzados. Las organizaciones manifestaron la intención de constituirse en red, ampliarse y seguir aportando conjuntamente para ayudar a resolver las problemáticas de acceso a la vivienda y hábitat de la provincia. El legislador Chamorro compartió ante el resto de las organizaciones su proyecto destinado a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a los jóvenes en la provincia, y expresó en el evento “Considero que espacios como este, donde el sector público y privado dialoga con la comunidad organizada para trabajar juntos y buscar soluciones concretas, son importantes para la Córdoba que queremos. Estamos en medio de una crisis habitacional gravísima en la que, ante la imposibilidad de un sector de la población para acceder a la vivienda propia, el Estado tiene que generar políticas para quienes optan o se ven obligados a acudir a la vivienda en alquiler. Desde el socialismo seguimos aportando para que Córdoba siga yendo hacia adelante”.

Los inquilinos se hunden, el Gobierno baila en la cubierta del Titanic

La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional. No es novedad que nuestro país atraviesa una compleja situación macroeconómica, con crecientes niveles de pobreza e indigencia. Se registra, además, una inflación superior al 100% interanual que está llegando a límites históricos y una merma significativa del poder adquisitivo de la gente. Sumado a esto, según los últimos datos publicados por el Indec, casi uno de cada tres argentinos no es propietario de su vivienda y alquila. Esto no es circunstancial: es una tendencia estructural en nuestro país. Estamos ante un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía. Costear un alquiler en esta debilitada situación es un peso que casi tres millones de hogares deben afrontar cada mes. Ante la falta de datos censales oficiales a nivel nacional, utilizaremos información de agrupaciones inquilinas: la mayoría de los locatarios destina entre un tercio y la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, porcentaje que viene aumentando con el correr de los años. La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional, debido a sus competencias y capacidades recaudatorias. Las recientes filtraciones que hablan de una posible suspensión por decreto de la Ley de Alquileres resultan nefastas. Si bien es claro que la actual ley de orden público tiene sus fallas, como la falta de incentivos que amplíen la oferta de inmuebles, también es cierto que el gobierno de Alberto Fernández ha realizado una deficiente implementación y escaso control. La eventual suspensión o derogación de la ley haría que los contratos pasen a estar regidos por el Código Civil y Comercial y que los inquilinos se vean muy afectados por la reducción de la duración de los contratos y la actualización discrecional por parte del locador. Es decir, los perjudicados en este contexto vuelven a ser los inquilinos, quienes hacen lo que pueden para llegar a fin de mes. El acceso a la vivienda es un derecho constitucional y es el Estado el que debe garantizar los derechos de los ciudadanos, priorizando las necesidades de los más débiles. Si realmente buscamos la justicia social, no podemos esperar eso del mercado. Por otro lado, el Estado no puede desatender la falta de oferta en el sector. Los propietarios prefieren volcarse al alquiler temporal o no alquilar, lo que agrava el problema. La pregunta que divide las aguas es: ¿la baja oferta es producto de la falta de incentivos que generó la ley o es un problema de la mala implementación? La inversión inmobiliaria, históricamente, ¿fue para obtener ganancias de las rentas con su alquiler o simplemente para “proteger” el patrimonio ante los ciclos de inestabilidad económica? Ante la falta de datos oficiales, toda respuesta es mera especulación ideológica. La situación habitacional en Córdoba no dista demasiado de la del resto del país. Sin embargo, hay ciertos elementos que la matizan, principalmente por el acompañamiento del Estado provincial en materia de adquisición de nuevas viviendas, como préstamos hipotecarios a tasa cero, urbanización de barrios populares y los programas Vida Digna y Vivienda Semilla. Falta una política pública concreta destinada a quienes alquilan. Hace años que vengo trabajando en la temática, defendiendo a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: los inquilinos. Por eso presenté un proyecto para que el pago de honorarios de los corredores deba ser realizado por el propietario del inmueble y no por los inquilinos. Trabajé en un proyecto de ley para la creación de un registro público de administradores de consorcios de propiedad horizontal y presenté otra iniciativa para que las mediaciones sean obligatorias antes de avanzar con ejecuciones o desalojos. Fui impulsor de la exención del Impuesto de Sellos de los alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación en nuestra provincia. Y estoy trabajando en un proyecto para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en alquiler. En conclusión, estamos en medio de una crisis habitacional gravísima en la que, ante la imposibilidad de un sector de la población para acceder a la vivienda propia, el Estado tiene que generar políticas para quienes optan o se ven obligados a acudir a la vivienda en alquiler. Sin embargo, el Estado nacional está haciendo lo contrario: precariza más la situación. La eventual efectivización de la suspensión o derogación de la Ley de Alquileres dejaría aún más desprotegidos a los inquilinos ante la voracidad del mercado. Por eso, desde mi lugar, voy a seguir trabajando por garantizar el acceso al derecho constitucional a la vivienda digna de todos los cordobeses.

Mar de Ansenuza: La defensa de uno de los humedales más importantes de Sudamérica

En medio de la rebelión de los carpinchos en el Nordelta y el debate urgente por la Ley Nacional de Humedales, en Córdoba avanza la creación de un nuevo Parque Nacional en la tierra de los flamencos. Desde Córdoba venimos trabajando, continuando el camino trazado fundamentalmente por organizaciones ambientalistas como Aves Argentinas, para concretar la sanción de una Ley Provincial que ceda a favor del Estado Nacional  la jurisdicción y dominio sobre un sector de los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, a los efectos de la creación del Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza, uno de los humedales más importantes de Sudamérica. El proyecto de ley propuesto identifica dos sectores a proteger, el sector de la laguna, donde aplica adecuadamente la categoría de Parque Nacional; y el sector norte de la misma, correspondiente a los bañados del Río Dulce -bajo uso productivo- como Reserva Nacional. Este logro obtenido después de mucho trajinar, permitirá consolidar una unidad de conservación basada en un enfoque por Ecosistemas, que resulta un paradigma estratégico para la gestión integrada del territorio que incluye tierras, extensiones de agua y recursos vivos, promoviendo la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, en consonancia con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica aprobado por Ley Nacional Nº 24.375, al reconocer al ser humano y su cultura como parte integral de los ecosistemas. Desde Córdoba venimos trabajando, continuando el camino trazado fundamentalmente por organizaciones ambientalistas como Aves Argentinas, para concretar la sanción de una Ley Provincial que ceda a favor del Estado Nacional  la jurisdicción y dominio sobre un sector de los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, a los efectos de la creación del Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza, uno de los humedales más importantes de Sudamérica. El proyecto de ley propuesto identifica dos sectores a proteger, el sector de la laguna, donde aplica adecuadamente la categoría de Parque Nacional; y el sector norte de la misma, correspondiente a los bañados del Río Dulce -bajo uso productivo- como Reserva Nacional. Este logro obtenido después de mucho trajinar, permitirá consolidar una unidad de conservación basada en un enfoque por Ecosistemas, que resulta un paradigma estratégico para la gestión integrada del territorio que incluye tierras, extensiones de agua y recursos vivos, promoviendo la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, en consonancia con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica aprobado por Ley Nacional Nº 24.375, al reconocer al ser humano y su cultura como parte integral de los ecosistemas. Es oportuno puntualizar los principales valores de conservación del área del futuro Parque Nacional Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza: – La Gradiente de Vegetación se distribuye desde el bosque chaqueño de llanura, situado al oeste, hasta el cauce permanente del Río Dulce, ubicado al Noreste de la misma. Contiene muestras de: pajonales, vegetación halófita, pastizales de inundación, bosque de inundación, arbustales de inundación, vegetación acuática palustre y bosques xerófilos. – Un gran humedal de importancia continental, con la mayor cuenca endorreica de Sudamérica. Además, contiene el quinto lago salino endorreico más grande del mundo. – Biodiversidad: asociada a sectores de la laguna, donde desembocan los ríos de agua dulce, y es donde se concentran diversas especies en distintas épocas del año. Son más de 450 especies de fauna, que incluyen gran variedad de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  Muchas de las poblaciones de las especies incluidas en el área se encuentran bajo diferentes categorías de amenaza. – Alta importancia para las aves playeras y migratorias: un gran número de aves playeras utilizan el área cada año. Es uno de los sitios de nidificación más importante para el flamenco austral (la población puede llegar a 285.000). Existen colonias de otras especies con más de 30.000 parejas (garcita bueyera, biguá, garza mora, garza blanca). El Phalaropus tricolor (falaropo tricolor) del hemisferio norte visita el área en invierno y puede llegar a 500.000 ejemplares. – Servicios ecosistémicos: se destaca el rol de este ambiente en cuanto a su contribución en el control de inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, retención de sedimentos y nutrientes, la depuración de aguas, regulación del clima regional, fijación de carbono, polinización, control de plagas, dispersión de semillas, ciclo de nutrientes, producción y sostenimiento de la biodiversidad, entre otros. En el año 2002, dicha área fue designada Sitio RAMSAR, cumpliendo con los ocho criterios de la Convención, extremo que evidencia la riqueza e importancia de este gran humedal y del patrimonio natural y cultural que lo integran. La propuesta consolida los esfuerzos de la Provincia, en materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable de las poblaciones que habitan dicho espacio, toda vez que el futuro Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza, conformarán una unidad de conservación junto a la Reserva de Usos Múltiples Provincial ya existente. A estos antecedentes, se suma la necesidad de conservación a nivel nacional. Ello así, pues, es de destacar que la laguna Mar Chiquita es el fondo de drenaje de una cuenca endorreica, que nace en las provincias de Salta y Catamarca, atravesando parte de la provincia Tucumán y de la provincia de Santiago del Estero; y es por ello que, se requieren acuerdos, compromisos y medidas de alcance federal para asegurar su conservación. Desde aquí avanzamos aportando un paso más a la larga lucha que viene dando todo el Socialismo nacional para conseguir la sanción de una Ley que proteja finalmente a los Humedales en la Argentina. Se estima que en los últimos 300 años se han destruido el 87% de los humedales del planeta y existe una clara falta de conciencia acerca de su rol clave como parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Hoy se pudo concretar la preservación sobre los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita con un trabajo democrático y participativo en conjunto con las organizaciones, los técnicos y los distintos niveles del Estado.  Entendemos que ese es el camino. No hay más

Agroecología: un modelo de producción sustentable y saludable

La agroecología rescata los valores ancestrales de cuidado del medio en el que vivimos, lo que, combinado con conocimientos científicos e innovadores, genera un sistema productivo que prioriza el cuidado del suelo. La producción agroecológica viene a superar el paradigma del modelo de producción agrícola industrial y globalizado creando un sistema productivo basado en una transición hacia formas ecológicamente sostenibles y socialmente más justas en el manejo de los recursos naturales. La agroecología rescata los valores ancestrales de cuidado del medio en el que vivimos, lo que, combinado con conocimientos científicos e innovadores, genera un sistema productivo que prioriza el cuidado del suelo, la biodiversidad, el equilibrio natural y la no utilización de semillas modificadas genéticamente ni el uso de agroquímicos. Es una práctica vinculada con la economía social, que se preocupa por fortalecer las redes comunitarias y económicas locales, por promover sistemas justos y por mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en la producción de alimentos sanos. Además, la agroecología permite activar áreas productivas en zonas urbanas no explotadas actualmente debido a que la normativa vigente establece distancias para el uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. De este modo, contribuye a la creación de fuentes de empleo genuino para jóvenes que habitan en esas zonas, lo que evita el avance del desarrollismo financiero. Existen en la provincia experiencias locales que constituyen un punto de partida para fortalecer las políticas públicas y normativas que permitan promover y regular los procesos de producción, de distribución, de comercialización y de consumo de productos agroecológicos. En este sentido, puede mencionarse el trabajo de la Municipalidad de Colonia Caroya, que ya cuenta con la ordenanza número 1.911/15, que favorece e impulsa la producción agroecológica en su jurisdicción. En la actualidad, ocho municipios de la provincia forman parte de la Red Nacional de Municipios que Fomentan la Agroecología (Renama), específicamente Adelia María, Las Acequias, Chazón, Monte de Los Gauchos, Ucacha, Bulnes, Municipalidad de la Cruz y Villa Carlos Paz, con el objetivo de encauzar una transición hacia este modelo de producción. Otro aspecto destacable de la temática es la importancia de los espacios de comercialización que se requieren para fomentar el consumo de este tipo de productos. Cabe reconocer el importante e imprescindible trabajo preexistente en la generación de ferias agroecológicas en la ciudad de Córdoba, la experiencia de la feria de Ciudad Universitaria y en todo Traslasierra, Sierras Chicas y Paravachasca. En este sentido, recientemente la Municipalidad de Córdoba anunció la creación de un gran mercado agroecológico en el populoso barrio Alberdi, donde funcionaba el Registro Civil de las Personas. Si bien Córdoba cuenta con un marco normativo de avanzada que apunta a favorecer las buenas prácticas agropecuarias y el desarrollo integral de la agricultura familiar, campesina e indígena, se hace necesaria una nueva ley que se enfoque en la promoción del desarrollo integral de sistemas de producción agroecológica para acompañar la transición productiva con políticas que garanticen el acceso a productos de este origen. Es tiempo de sembrar legislando para las generaciones futuras. Volver a la tierra nunca fue tan necesario.

Inquilinos e inquilinas desamparados

En el contexto actual de inflación y de caída del salario, cada vez se hace más difícil y más costoso alquilar. La última encuesta nacional de inquilinos arrojó que el 46,7% del salario es destinado al pago de alquileres. La Cámara de Diputados de la Nación trata por estos días la mentada reforma de la Ley de Alquileres. Hace poco se emitió el dictamen de las comisiones, tanto por la mayoría como de minoría, con distintos alcances y contenidos. El dictamen de mayoría del Frente de Todos obtuvo 40 firmas, mientras que el de minoría, que unificó el de Juntos por el Cambio y el de Identidad Bonaerense (Graciela Camaño), alcanzó 37. A grandes rasgos, el primer proyecto plantea ciertos cambios en la misma línea de la reforma anterior, manteniendo el plazo mínimo de los contratos de tres años y los incrementos anuales fijados a partir del promedio del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). En cambio, el dictamen por minoría iría más en línea con las solicitudes de liberalización del mercado inmobiliario. El plazo de los contratos volvería a dos años, y se permitirían ajustes cada tres, seis o 12 meses, por acuerdo libre entre las partes. El único aporte que parece más consensuado entre ambos dictámenes implicaría “invitar” a los gobiernos locales a establecer incentivos fiscales para que quienes poseen viviendas las ofrezcan en alquiler. Aunque la discusión central debiera estar puesta en la necesidad de llevar adelante una política pública de hábitat para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, parece ser que en este país agrietado volvimos a la discusión clásica de la conveniencia de intervención o no del Estado en los mercados. GARANTIZAR LOS DERECHOS Es el Estado el que debe garantizar los derechos de los ciudadanos; no podemos esperar eso del mercado. Quienes pensamos que, además, debe ser el Estado el que priorice las necesidades de aquellos más débiles, ya que es el único capaz de equilibrar las condiciones hacia la justicia social, esperamos mucho más de quienes conducen los destinos del país. Por otro lado, las estadísticas del sector resultan alarmantes. Según los datos del Indec, en las grandes ciudades, el porcentaje de hogares que alquilan ha ido en aumento año a año. Algunos investigadores adelantan que los datos de este año duplicarán el porcentaje de 2001 y llegarán a casi el 30%. Estamos ante a un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía. En el contexto actual de inflación y de caída del salario, cada vez se hace más difícil y más costoso alquilar. La última encuesta nacional de inquilinos arrojó que el 46,7 por ciento del salario, en promedio, es destinado al pago de alquileres, sin contar expensas e impuestos. La discusión por reformar la Ley de Alquileres parece haber abierto de nuevo la grieta entre oficialismo y oposición. El oficialismo niega la realidad y parece no querer hacer ningún cambio de fondo ni proponer políticas públicas concretas. Parte de la oposición cree que sólo es un problema del libre juego del mercado, cuestión que ya no sorprende. Este tema no debe ser un nuevo botín para la grieta. Lo que debemos recordar es que en medio se encuentran las familias inquilinas. Las más damnificadas por la actual situación económica nacional. Una ley sancionada sin amplios consensos no va a dar tranquilidad ni solucionar la situación de los millones de inquilinos en Argentina, ni darles una perspectiva a quienes ponen sus propiedades en alquiler. JÓVENES QUE ALQUILAN Desde mi rol como legislador provincial, vengo trabajando respecto de un sector específico de la población inquilina: las juventudes. Sector que no sólo presenta dificultades de inserción al mercado laboral, sino que además son los que destinan aún mayor porcentaje de su sueldo al alquiler. Si tomamos los datos de la Universidad Nacional de Córdoba, el 57% de estudiantes de las carreras de grado proviene de regiones externas a la capital provincial. Además, el 40% trabaja, y de quienes no trabajan, el 38% busca trabajo. Es decir, una parte importante de estudiantes requiere de algún ingreso propio para cubrir su costo de vida en la ciudad. Estos datos me llevaron a pensar en la necesidad de contar con una política pública que brinde beneficios a la población joven para costear los gastos iniciales destinados al primer alquiler.  Es necesario en nuestra provincia un programa de promoción que releve las condiciones legales y económicas de los alquileres en zonas de acceso educativo e incluya facilidades crediticias con el objeto de financiar gastos administrativos asociados al inicio del contrato de alquiler y mudanza de las personas jóvenes que no sean consideradas sujetos de crédito por la banca formal. Además, que brinde asesoramiento con información de utilidad acerca de derechos y obligaciones de locadores y locatarios, así como también prevea la creación de consultorios jurídicos que asesoren en materia contractual. Tal vez estas medidas no resuelven la discusión de fondo a nivel nacional, pero implican tender la mano del Estado a jóvenes inquilinos e inquilinas que cayeron en la grieta del desamparo.

Alquiler Joven – Encuentro de trabajo con estudiantes universitarixs.

Recibimos en la Legislatura de Córdoba a estudiantes de diferentes signos políticos, para escuchar sus experiencias a la hora de alquilar y comentarles sobre la iniciativa que venimos impulsando para acompañar a las juventudes de nuestra provincia y a quienes vienen a Córdoba a estudiar. Anterior Siguiente Entendemos que el acceso a la vivienda de alquiler es un derecho que el estado debe acompañar, ya que es quien debe priorizar las necesidades de aquellos más débiles y el único capaz de equilibrar las condiciones hacia la justicia social. Sabemos que las juventudes presentan aún más dificultades para la inserción al mercado laboral y son quienes destinan aún mayor porcentaje de su sueldo al alquiler es por eso que estamos trabajando para darles una respuesta.