La Legislatura aprobó la actualización de las leyes del Trabajo Social en Córdoba
Se aprobaron dos proyectos presentados por el Socialista Matías Chamorro, claves para el Trabajo Social: la actualización de la Ley de Ejercicio Profesional y de la Ley de Colegiación, ambas vigentes desde hace 40 años. Las nuevas normas modernizan el marco legal de la profesión desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social, y fortalecen la estructura del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba (CPSSPC). Las leyes fueron elaboradas por el Legislador socialista Matías Chamorro luego de múltiples instancias de trabajo junto al Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba y trabajadoras y trabajadores sociales de toda la provincia. Desde el sector lo consideran un avance histórico para la profesión y para los derechos sociales. “Lo que acabamos de aprobar representa una actualización necesaria para una de las profesiones más importantes del sistema de protección social. En un contexto de crisis, ajuste y recesión provocado por las políticas del Gobierno Nacional, con más de 20.000 empresas que cerraron y 276.000 empleos formales perdidos, las trabajadoras y trabajadores sociales sostienen todos los días a las familias en los territorios. Su tarea es clave en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar a las y los Argentinos”, destacó Chamorro. Las nuevas leyes incorporan avances vinculados al perfil profesional, al encuadre de las intervenciones en instituciones públicas y privadas, a la responsabilidad ética, y a la federalización del Colegio, que tendrá seis delegaciones para fortalecer la participación en toda la provincia. Asimismo, brindan mayor seguridad a quienes acuden a trabajadoras y trabajadores sociales en situaciones de violencia, vulnerabilidad, problemáticas de salud mental, niñez, adolescencias, mujeres y diversidades, entre otras. Durante la sesión, el Legislador socialista agregó: “Mientras el Gobierno Nacional impulsa la desregulación de las profesiones y busca vaciar el rol de los Colegios, Córdoba hace exactamente lo contrario: fortalecemos a quienes transforman, emancipan, garantizan, acompañan y cuidan. Hoy Córdoba apuesta a fortalecer los derechos de los y las profesionales y, sobre todo, de los más vulnerables”.
La necesidad de consensos para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler
En poco más de 20 años la población inquilina de nuestro país se duplicó. Después de meses de incertidumbre e inoperancia por fin comenzaron a publicarse los primeros datos definitivos del censo 2022 y los mismos reflejan que el 34.5% de los argentinos no son propietarios de sus viviendas. En poco más de 20 años la población inquilina de nuestro país se duplicó. Después de meses de incertidumbre e inoperancia por fin comenzaron a publicarse los primeros datos definitivos del censo 2022 y los mismos reflejan que el 34.5% de los argentinos no son propietarios de sus viviendas. Este creciente proceso de inquilinización no debería representar un problema per se, de hecho, hay países como Alemania en donde la mitad de la población se encuentra en régimen de inquilinato. Sin embargo, gracias una amplia base de consensos y un estado nacional comprometido, se desarrollaron políticas públicas exitosas como la “Ley de arrendamiento social”, mediante la cual se pone un límite porcentual a los incrementos que pueden hacer los propietarios en las actualizaciones contractuales, entre otras medidas; o el programa de “Precio de referencia” de Suecia, mediante el cual se establece un precio de referencia para el alquiler de los inmuebles. Es claro que la situación económica en general y habitacional en particular de la Argentina dista mucho de la de los países europeos, por lo tanto, sería inutil tratar de replicar respuestas habitacionales que fueron exitosas en otras latitudes sin considerar factores históricos, contextuales y coyunturales. En esta oportunidad me parece clave poner el foco en dos cuestiones. En primer lugar, el “sueño de la casa propia”, este concepto se encuentra muy arraigado culturalmente debido, principalmente, a la inestabilidad que caracterizó a nuestro país desde sus albores. El ser propietario brinda la seguridad de que pase lo que pase, siempre vas a tener asegurado un techo bajo tu cabeza. Y en segundo lugar, las dificultades de acceso a divisas más estables en un contexto inflacionario, que generan que la construcción sea utilizada como un método de dolarización del capital. Considero que hay una cuestión muy rescatable del proceso de construcción de consensos que decantó en el desarrollo de estas políticas públicas. Me refiero a la lógica horizontal y participativa, en la que inquilinos, propietarios, inmobiliarias y academia plantearon sus necesidades y preocupaciones, para que desde allí el Estado actúe como mediador y diseñe políticas en la materia. Con esta base desde mi posición como legislador de la provincia de Córdoba impulsé el armado de una mesa de trabajo amplia, plural y representativa que pueda llegar a consensos temáticos y trabajar la problemática de forma integral. La mesa de trabajo que contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil; como la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Juntas por el Derecho a la Ciudad, Inquilinos Córdoba, La Asociación para la Vivienda Económica; Cooperativas de vivienda, como la Cooperativa Felipe Varela y Académicos del INVIHAB-FAUD-UNC y del CEVE-CONICET-UNC se reunió por primera vez el dia viernes 19 de mayo y logró alcanzar acuerdos que servirán de base para el trabajo de la problemática. El primero de estos consensos, y a la luz de los datos publicados por el INDEC, es que el problema en Argentina no radica en el crecimiento del parque habitacional, de hecho, puede verse que mientras de 2010 a 2022 la población creció un 15%, la cantidad de viviendas creció un 28%. Estamos ante un contexto de concentración de la propiedad en pocas manos, por lo tanto las políticas públicas no deberían destinarse al fomento de la producción de viviendas, sino a facilitar el acceso a las mismas, mediante regímenes de propiedad o alquiler. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el alquiler es una forma válida de dar respuesta al déficit de acceso habitacional argentino, debemos flexibilizar los requisitos de ingreso a regímenes de inquilinato de forma que se aligere la carga para el sector inquilino. En esta línea se deben impulsar propuestas como que “La comisión inmobiliaria la pague el dueño”, sin embargo debemos tener presente que esto es una respuesta coyuntural necesaria a un problema estructural que en nuestro país debe ser respondido por el Estado Nacional. En tercer y último lugar se reconoció que el Estado tiene que buscar la promoción de políticas públicas de producción de suelo urbano para el acceso a las viviendas, ya sea para propietarios o para inquilinos con la participación de cooperativas, sindicatos, y/o organizaciones de la sociedad civil en la construcción de las mismas. De esta forma se podría descomprimir la producción de inmuebles de las desarrollistas y que éstas puedan trabajar de manera conjunta con el Estado nacional para democratizar la producción. De hecho, la economía social y solidaria podría ser una vía para lograr este objetivo clave. En la provincia de Córdoba los datos van en línea con los nacionales, aproximadamente 4 de cada 10 personas están alquilando. Sin embargo, como hemos expuesto, allí no radica el problema, sino que un estudio realizado por el IDECOR sobre el comportamiento del mercado de alquileres urbanos demuestra que el incremento del valor unitario del alquiler residencial mediano (VUA), índice que promedia el valor residencial mediano de viviendas en alquiler, creció desde 2021 hasta principios de 2023 en un 300%, superando la inflación acumulada en el mismo periodo. En definitiva, el valor de los alquileres crece a una velocidad mayor que la inflación y si consensuamos que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico, debemos promover iniciativas que trabajen la problemática del hábitat. A pesar de que debería ser el Estado nacional quien se haga cargo, ya que es quien además de tener la obligación, tiene los recursos para hacerlo, los gobiernos subnacionales, no pueden desligarse de la problemática. Debemos avanzar en la generación de consensos con el sector que permita aliviar la dificultad de acceso a la vivienda en alquiler. Quienes nos encontramos en el Poder Legislativo, principal órgano de deliberación política, podemos propiciar el fortalecimiento del vínculo con la
Los inquilinos se hunden, el Gobierno baila en la cubierta del Titanic
La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional. No es novedad que nuestro país atraviesa una compleja situación macroeconómica, con crecientes niveles de pobreza e indigencia. Se registra, además, una inflación superior al 100% interanual que está llegando a límites históricos y una merma significativa del poder adquisitivo de la gente. Sumado a esto, según los últimos datos publicados por el Indec, casi uno de cada tres argentinos no es propietario de su vivienda y alquila. Esto no es circunstancial: es una tendencia estructural en nuestro país. Estamos ante un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía. Costear un alquiler en esta debilitada situación es un peso que casi tres millones de hogares deben afrontar cada mes. Ante la falta de datos censales oficiales a nivel nacional, utilizaremos información de agrupaciones inquilinas: la mayoría de los locatarios destina entre un tercio y la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, porcentaje que viene aumentando con el correr de los años. La responsabilidad de dar respuesta al problema habitacional recae principalmente en el Estado nacional, debido a sus competencias y capacidades recaudatorias. Las recientes filtraciones que hablan de una posible suspensión por decreto de la Ley de Alquileres resultan nefastas. Si bien es claro que la actual ley de orden público tiene sus fallas, como la falta de incentivos que amplíen la oferta de inmuebles, también es cierto que el gobierno de Alberto Fernández ha realizado una deficiente implementación y escaso control. La eventual suspensión o derogación de la ley haría que los contratos pasen a estar regidos por el Código Civil y Comercial y que los inquilinos se vean muy afectados por la reducción de la duración de los contratos y la actualización discrecional por parte del locador. Es decir, los perjudicados en este contexto vuelven a ser los inquilinos, quienes hacen lo que pueden para llegar a fin de mes. El acceso a la vivienda es un derecho constitucional y es el Estado el que debe garantizar los derechos de los ciudadanos, priorizando las necesidades de los más débiles. Si realmente buscamos la justicia social, no podemos esperar eso del mercado. Por otro lado, el Estado no puede desatender la falta de oferta en el sector. Los propietarios prefieren volcarse al alquiler temporal o no alquilar, lo que agrava el problema. La pregunta que divide las aguas es: ¿la baja oferta es producto de la falta de incentivos que generó la ley o es un problema de la mala implementación? La inversión inmobiliaria, históricamente, ¿fue para obtener ganancias de las rentas con su alquiler o simplemente para “proteger” el patrimonio ante los ciclos de inestabilidad económica? Ante la falta de datos oficiales, toda respuesta es mera especulación ideológica. La situación habitacional en Córdoba no dista demasiado de la del resto del país. Sin embargo, hay ciertos elementos que la matizan, principalmente por el acompañamiento del Estado provincial en materia de adquisición de nuevas viviendas, como préstamos hipotecarios a tasa cero, urbanización de barrios populares y los programas Vida Digna y Vivienda Semilla. Falta una política pública concreta destinada a quienes alquilan. Hace años que vengo trabajando en la temática, defendiendo a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: los inquilinos. Por eso presenté un proyecto para que el pago de honorarios de los corredores deba ser realizado por el propietario del inmueble y no por los inquilinos. Trabajé en un proyecto de ley para la creación de un registro público de administradores de consorcios de propiedad horizontal y presenté otra iniciativa para que las mediaciones sean obligatorias antes de avanzar con ejecuciones o desalojos. Fui impulsor de la exención del Impuesto de Sellos de los alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación en nuestra provincia. Y estoy trabajando en un proyecto para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en alquiler. En conclusión, estamos en medio de una crisis habitacional gravísima en la que, ante la imposibilidad de un sector de la población para acceder a la vivienda propia, el Estado tiene que generar políticas para quienes optan o se ven obligados a acudir a la vivienda en alquiler. Sin embargo, el Estado nacional está haciendo lo contrario: precariza más la situación. La eventual efectivización de la suspensión o derogación de la Ley de Alquileres dejaría aún más desprotegidos a los inquilinos ante la voracidad del mercado. Por eso, desde mi lugar, voy a seguir trabajando por garantizar el acceso al derecho constitucional a la vivienda digna de todos los cordobeses.
Intendentes de la Mesa Vecinalista se reunieron pensando en el segundo semestre.
Durante la jornada se habló del presente del espacio, su posibilidad de ampliación y se definieron objetivos de gestión para el futuro. Se aprovechó para fijar posturas comunes en el marco de las negociaciones en la Mesa Provincia–Municipios. Anterior Siguiente La mesa de intendentes vecinalista representa a más de 250.000 habitantes de las principales localidades intermedias de distintos puntos de la provincia. La jornada se llevó adelante en el Hotel ACA de la capital y participó el intendente de Cosquín Gabriel Musso, Daniel Gómez Gesteira de Villa Carlos Paz, Paulo Tessio de Icho Cruz, Fernando Cuassolo de Saturnino María Laspiur, Mauro Daniele de Las Varillas y Raúl Figueroa de Deán Funes. Los acompañó uno de los articuladores del espacio, el Legislador Socialista Matías Chamorro. De la reunión se compartieron miradas sobre la incidencia de los resultados del Censo, la necesidad de compartir estrategias de gestión para mejorar la prestación de los servicios y requerir a la brevedad una reunión como Foro al Ministro de Gobierno de la Provincia para acercarle algunas propuestas e inquietudes. Chamorro comentó sobre el encuentro “Este espacio es para intercambiar ideas, fijar estratégias y políticas públicas en común que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los distintos municipios de Córdoba. Desde la Legislatura estamos trabajando para acompañar a estos intendentes que priorizan la gestión local, que provienen de diversos espacios políticos “
Mar de Ansenuza: La defensa de uno de los humedales más importantes de Sudamérica
En medio de la rebelión de los carpinchos en el Nordelta y el debate urgente por la Ley Nacional de Humedales, en Córdoba avanza la creación de un nuevo Parque Nacional en la tierra de los flamencos. Desde Córdoba venimos trabajando, continuando el camino trazado fundamentalmente por organizaciones ambientalistas como Aves Argentinas, para concretar la sanción de una Ley Provincial que ceda a favor del Estado Nacional la jurisdicción y dominio sobre un sector de los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, a los efectos de la creación del Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza, uno de los humedales más importantes de Sudamérica. El proyecto de ley propuesto identifica dos sectores a proteger, el sector de la laguna, donde aplica adecuadamente la categoría de Parque Nacional; y el sector norte de la misma, correspondiente a los bañados del Río Dulce -bajo uso productivo- como Reserva Nacional. Este logro obtenido después de mucho trajinar, permitirá consolidar una unidad de conservación basada en un enfoque por Ecosistemas, que resulta un paradigma estratégico para la gestión integrada del territorio que incluye tierras, extensiones de agua y recursos vivos, promoviendo la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, en consonancia con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica aprobado por Ley Nacional Nº 24.375, al reconocer al ser humano y su cultura como parte integral de los ecosistemas. Desde Córdoba venimos trabajando, continuando el camino trazado fundamentalmente por organizaciones ambientalistas como Aves Argentinas, para concretar la sanción de una Ley Provincial que ceda a favor del Estado Nacional la jurisdicción y dominio sobre un sector de los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, a los efectos de la creación del Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza, uno de los humedales más importantes de Sudamérica. El proyecto de ley propuesto identifica dos sectores a proteger, el sector de la laguna, donde aplica adecuadamente la categoría de Parque Nacional; y el sector norte de la misma, correspondiente a los bañados del Río Dulce -bajo uso productivo- como Reserva Nacional. Este logro obtenido después de mucho trajinar, permitirá consolidar una unidad de conservación basada en un enfoque por Ecosistemas, que resulta un paradigma estratégico para la gestión integrada del territorio que incluye tierras, extensiones de agua y recursos vivos, promoviendo la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, en consonancia con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica aprobado por Ley Nacional Nº 24.375, al reconocer al ser humano y su cultura como parte integral de los ecosistemas. Es oportuno puntualizar los principales valores de conservación del área del futuro Parque Nacional Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza: – La Gradiente de Vegetación se distribuye desde el bosque chaqueño de llanura, situado al oeste, hasta el cauce permanente del Río Dulce, ubicado al Noreste de la misma. Contiene muestras de: pajonales, vegetación halófita, pastizales de inundación, bosque de inundación, arbustales de inundación, vegetación acuática palustre y bosques xerófilos. – Un gran humedal de importancia continental, con la mayor cuenca endorreica de Sudamérica. Además, contiene el quinto lago salino endorreico más grande del mundo. – Biodiversidad: asociada a sectores de la laguna, donde desembocan los ríos de agua dulce, y es donde se concentran diversas especies en distintas épocas del año. Son más de 450 especies de fauna, que incluyen gran variedad de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muchas de las poblaciones de las especies incluidas en el área se encuentran bajo diferentes categorías de amenaza. – Alta importancia para las aves playeras y migratorias: un gran número de aves playeras utilizan el área cada año. Es uno de los sitios de nidificación más importante para el flamenco austral (la población puede llegar a 285.000). Existen colonias de otras especies con más de 30.000 parejas (garcita bueyera, biguá, garza mora, garza blanca). El Phalaropus tricolor (falaropo tricolor) del hemisferio norte visita el área en invierno y puede llegar a 500.000 ejemplares. – Servicios ecosistémicos: se destaca el rol de este ambiente en cuanto a su contribución en el control de inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, retención de sedimentos y nutrientes, la depuración de aguas, regulación del clima regional, fijación de carbono, polinización, control de plagas, dispersión de semillas, ciclo de nutrientes, producción y sostenimiento de la biodiversidad, entre otros. En el año 2002, dicha área fue designada Sitio RAMSAR, cumpliendo con los ocho criterios de la Convención, extremo que evidencia la riqueza e importancia de este gran humedal y del patrimonio natural y cultural que lo integran. La propuesta consolida los esfuerzos de la Provincia, en materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable de las poblaciones que habitan dicho espacio, toda vez que el futuro Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza, conformarán una unidad de conservación junto a la Reserva de Usos Múltiples Provincial ya existente. A estos antecedentes, se suma la necesidad de conservación a nivel nacional. Ello así, pues, es de destacar que la laguna Mar Chiquita es el fondo de drenaje de una cuenca endorreica, que nace en las provincias de Salta y Catamarca, atravesando parte de la provincia Tucumán y de la provincia de Santiago del Estero; y es por ello que, se requieren acuerdos, compromisos y medidas de alcance federal para asegurar su conservación. Desde aquí avanzamos aportando un paso más a la larga lucha que viene dando todo el Socialismo nacional para conseguir la sanción de una Ley que proteja finalmente a los Humedales en la Argentina. Se estima que en los últimos 300 años se han destruido el 87% de los humedales del planeta y existe una clara falta de conciencia acerca de su rol clave como parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Hoy se pudo concretar la preservación sobre los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita con un trabajo democrático y participativo en conjunto con las organizaciones, los técnicos y los distintos niveles del Estado. Entendemos que ese es el camino. No hay más
Agroecología: un modelo de producción sustentable y saludable
La agroecología rescata los valores ancestrales de cuidado del medio en el que vivimos, lo que, combinado con conocimientos científicos e innovadores, genera un sistema productivo que prioriza el cuidado del suelo. La producción agroecológica viene a superar el paradigma del modelo de producción agrícola industrial y globalizado creando un sistema productivo basado en una transición hacia formas ecológicamente sostenibles y socialmente más justas en el manejo de los recursos naturales. La agroecología rescata los valores ancestrales de cuidado del medio en el que vivimos, lo que, combinado con conocimientos científicos e innovadores, genera un sistema productivo que prioriza el cuidado del suelo, la biodiversidad, el equilibrio natural y la no utilización de semillas modificadas genéticamente ni el uso de agroquímicos. Es una práctica vinculada con la economía social, que se preocupa por fortalecer las redes comunitarias y económicas locales, por promover sistemas justos y por mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en la producción de alimentos sanos. Además, la agroecología permite activar áreas productivas en zonas urbanas no explotadas actualmente debido a que la normativa vigente establece distancias para el uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. De este modo, contribuye a la creación de fuentes de empleo genuino para jóvenes que habitan en esas zonas, lo que evita el avance del desarrollismo financiero. Existen en la provincia experiencias locales que constituyen un punto de partida para fortalecer las políticas públicas y normativas que permitan promover y regular los procesos de producción, de distribución, de comercialización y de consumo de productos agroecológicos. En este sentido, puede mencionarse el trabajo de la Municipalidad de Colonia Caroya, que ya cuenta con la ordenanza número 1.911/15, que favorece e impulsa la producción agroecológica en su jurisdicción. En la actualidad, ocho municipios de la provincia forman parte de la Red Nacional de Municipios que Fomentan la Agroecología (Renama), específicamente Adelia María, Las Acequias, Chazón, Monte de Los Gauchos, Ucacha, Bulnes, Municipalidad de la Cruz y Villa Carlos Paz, con el objetivo de encauzar una transición hacia este modelo de producción. Otro aspecto destacable de la temática es la importancia de los espacios de comercialización que se requieren para fomentar el consumo de este tipo de productos. Cabe reconocer el importante e imprescindible trabajo preexistente en la generación de ferias agroecológicas en la ciudad de Córdoba, la experiencia de la feria de Ciudad Universitaria y en todo Traslasierra, Sierras Chicas y Paravachasca. En este sentido, recientemente la Municipalidad de Córdoba anunció la creación de un gran mercado agroecológico en el populoso barrio Alberdi, donde funcionaba el Registro Civil de las Personas. Si bien Córdoba cuenta con un marco normativo de avanzada que apunta a favorecer las buenas prácticas agropecuarias y el desarrollo integral de la agricultura familiar, campesina e indígena, se hace necesaria una nueva ley que se enfoque en la promoción del desarrollo integral de sistemas de producción agroecológica para acompañar la transición productiva con políticas que garanticen el acceso a productos de este origen. Es tiempo de sembrar legislando para las generaciones futuras. Volver a la tierra nunca fue tan necesario.
Inquilinos e inquilinas desamparados
En el contexto actual de inflación y de caída del salario, cada vez se hace más difícil y más costoso alquilar. La última encuesta nacional de inquilinos arrojó que el 46,7% del salario es destinado al pago de alquileres. La Cámara de Diputados de la Nación trata por estos días la mentada reforma de la Ley de Alquileres. Hace poco se emitió el dictamen de las comisiones, tanto por la mayoría como de minoría, con distintos alcances y contenidos. El dictamen de mayoría del Frente de Todos obtuvo 40 firmas, mientras que el de minoría, que unificó el de Juntos por el Cambio y el de Identidad Bonaerense (Graciela Camaño), alcanzó 37. A grandes rasgos, el primer proyecto plantea ciertos cambios en la misma línea de la reforma anterior, manteniendo el plazo mínimo de los contratos de tres años y los incrementos anuales fijados a partir del promedio del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). En cambio, el dictamen por minoría iría más en línea con las solicitudes de liberalización del mercado inmobiliario. El plazo de los contratos volvería a dos años, y se permitirían ajustes cada tres, seis o 12 meses, por acuerdo libre entre las partes. El único aporte que parece más consensuado entre ambos dictámenes implicaría “invitar” a los gobiernos locales a establecer incentivos fiscales para que quienes poseen viviendas las ofrezcan en alquiler. Aunque la discusión central debiera estar puesta en la necesidad de llevar adelante una política pública de hábitat para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, parece ser que en este país agrietado volvimos a la discusión clásica de la conveniencia de intervención o no del Estado en los mercados. GARANTIZAR LOS DERECHOS Es el Estado el que debe garantizar los derechos de los ciudadanos; no podemos esperar eso del mercado. Quienes pensamos que, además, debe ser el Estado el que priorice las necesidades de aquellos más débiles, ya que es el único capaz de equilibrar las condiciones hacia la justicia social, esperamos mucho más de quienes conducen los destinos del país. Por otro lado, las estadísticas del sector resultan alarmantes. Según los datos del Indec, en las grandes ciudades, el porcentaje de hogares que alquilan ha ido en aumento año a año. Algunos investigadores adelantan que los datos de este año duplicarán el porcentaje de 2001 y llegarán a casi el 30%. Estamos ante a un proceso de inquilinización de las ciudades, cuando el sueño de la casa propia cada vez se vuelve más una utopía. En el contexto actual de inflación y de caída del salario, cada vez se hace más difícil y más costoso alquilar. La última encuesta nacional de inquilinos arrojó que el 46,7 por ciento del salario, en promedio, es destinado al pago de alquileres, sin contar expensas e impuestos. La discusión por reformar la Ley de Alquileres parece haber abierto de nuevo la grieta entre oficialismo y oposición. El oficialismo niega la realidad y parece no querer hacer ningún cambio de fondo ni proponer políticas públicas concretas. Parte de la oposición cree que sólo es un problema del libre juego del mercado, cuestión que ya no sorprende. Este tema no debe ser un nuevo botín para la grieta. Lo que debemos recordar es que en medio se encuentran las familias inquilinas. Las más damnificadas por la actual situación económica nacional. Una ley sancionada sin amplios consensos no va a dar tranquilidad ni solucionar la situación de los millones de inquilinos en Argentina, ni darles una perspectiva a quienes ponen sus propiedades en alquiler. JÓVENES QUE ALQUILAN Desde mi rol como legislador provincial, vengo trabajando respecto de un sector específico de la población inquilina: las juventudes. Sector que no sólo presenta dificultades de inserción al mercado laboral, sino que además son los que destinan aún mayor porcentaje de su sueldo al alquiler. Si tomamos los datos de la Universidad Nacional de Córdoba, el 57% de estudiantes de las carreras de grado proviene de regiones externas a la capital provincial. Además, el 40% trabaja, y de quienes no trabajan, el 38% busca trabajo. Es decir, una parte importante de estudiantes requiere de algún ingreso propio para cubrir su costo de vida en la ciudad. Estos datos me llevaron a pensar en la necesidad de contar con una política pública que brinde beneficios a la población joven para costear los gastos iniciales destinados al primer alquiler. Es necesario en nuestra provincia un programa de promoción que releve las condiciones legales y económicas de los alquileres en zonas de acceso educativo e incluya facilidades crediticias con el objeto de financiar gastos administrativos asociados al inicio del contrato de alquiler y mudanza de las personas jóvenes que no sean consideradas sujetos de crédito por la banca formal. Además, que brinde asesoramiento con información de utilidad acerca de derechos y obligaciones de locadores y locatarios, así como también prevea la creación de consultorios jurídicos que asesoren en materia contractual. Tal vez estas medidas no resuelven la discusión de fondo a nivel nacional, pero implican tender la mano del Estado a jóvenes inquilinos e inquilinas que cayeron en la grieta del desamparo.
Proyectan políticas de fomento y promoción para ayudar al sector cooperativo
Este miércoles se reunieron por primera vez, de manera virtual, representantes de instituciones de la economía social, nacional y provincial, tras una convocatoria del INAES. Con la presencia de referentes del cooperativismo provincial y nacional, entre los que se contó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros, se concretó una reunión conjunta con el objetivo de discutir el presente y futuro del sector asociativo. Desde la presidencia de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba, el socialista Matías Chamorro repasó las distintas acciones que se vienen llevando adelante desde el espacio. Además destacó que es importante para su gestión “poner a disposición la Comisión como espacio de articulación amplio de actores vinculados al asociativismo y la Economía social y popular a los fines de canalizar inquietudes e iniciativas legislativas para fortalecer y potenciar la actividad”. Cabe recordar que en el mes de junio se presentó un proyecto de ley para la modificación del inciso 4to del artículo Nro. 7° de la Ley provincial de Obras Públicas N°8614, que permitirá que en la adjudicación directa de la obra pública provincial, se encuentren comprendidas las Cooperativas que estén legalmente constituidas y debidamente autorizadas por el INAES, y en cuyo objeto se les permita realizar esa actividad. Entre las iniciativas a futuro se planteó la creación una nueva ley de fomento de la economía colaborativa y plataformas digitales para la economía social, que permitirá profundizar lazos económicos y sociales para facilitar la circulación de bienes, servicios y trabajo entre cooperativas, individuos y Pymes. Otra iniciativa es la la creación del Registro de Bienes y Servicios brindados por Cooperativas de Trabajo, en el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, con el objetivo de que las organizaciones de la economía popular puedan registrarse y tanto el estado como los privados tengan acceso a ese registro y puedan acceder a los bienes y servicios que ofrecen las cooperativas. Entrá a la nota aquí
Intendentes vecinalistas esperan más recursos para garantizar sueldos
El bloque vecinalista se pronunció a favor de las medidas oficiales ideadas para combatir la pandemia pero espera mayores fondos para garantizar sueldos y servicios esenciales. Intendentes y jefes comunales de la Mesa de Gestión Vecinalista, junto al legislador provincial Matías Chamorro, se reunieron de manera virtual previo a la reunión de la Mesa Provincia-Municipios, con el objetivo de analizar la necesidad de contar con fondos para afrontar la profunda crisis que atraviesan los municipios del interior provincial. El bloque vecinalista repasó la realidad de las distintas localidades del interior provincial, y coordinó un trabajo conjunto en busca de soluciones. Los intendentes se comprometieron a colaborar con el control de precios y de circulación que han solicitado tanto a nivel provincial como nacional. Pero señalan la necesidad de reforzar la colaboración de la Policía para evitar la circulación y el complimiento de cuarentena. Pero señalaron la necesidad de reforzar la colaboración de la Policía para evitar la circulación y el cumplimiento de la cuarentena. “Desde este espacio venimos colaborando en todo lo solicitado por la Provincia y la Nación. Es momento de trabajar juntos codo a codo”, manifestó Chamorro. El espacio destacó además que en general los intendentes del espacio están “muy conformes” con cómo viene llevando la Provincia el manejo de la pandemia. Incluso suscribieron recientemente una nota en agradecimiento al Gobernador por todo el esfuerzo realizado hasta el momento. “Una de las principales preocupaciones es la necesidad que recibir fondos a los fines de garantizar el pago de sueldos y prestaciones de salud. Además, solicitan el pago completo y refuerzo del FOFINDES para insumos médicos”, señalaron. Durante la reunión virtual de la Mesa Provincia Municipios, de la que participaron las autoridades del bloque, se escuchó con atención la descripción del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, donde se fijó un monto mínimo de ayuda financiera para comunas pequeñas de pesos 110 mil y la exposición del Ministro de Salud sobre los detalles sanitarios. En el caso Municipios vinculados al turismo, una de las principales actividades afectadas por la cuarentena, los intendentes solicitan que se revise y se establezcan con Nación, medidas particulares para colaborar con esos sectores. En el mismo sentido, que la Provincia vuelva a solicitar Aportes del Tesoro Nacional que, a su entender, los que llegaron resultaron montos muy exiguos para afrontar la profunda crisis que afrontan luego del “parate” comercial y la inclusión de mayores tareas de supervisión en cabeza de los gobiernos locales. Por otra parte, se expresaron a favor de la implementación de un Régimen Laboral de Emergencia que permita flexibilizar, ante la Emergencia Sanitaria, el funcionamiento del personal municipal con el fin de poder brindar los servicios necesarios que cada localidad requiera. Entrá a la nota aquí
Bloque vecinalista no se mete en interna PJ (pero juega)
Con la elección de Daniel Gómez Gesteira como presidente del foro de intendentes, el espacio político referenciado en Esteban Avilés, Gabriel Musso y Matías Chamorro, buscó marcar posición en la puja Schiaretti-Caserio. El vecinalismo cordobés se sentó la semana pasada en la Mesa Provincia- Municipio con un bloque político mucho más voluminoso que años anteriores. No sólo por la cantidad de comunas e intendencias que hasta ahora representa sino, sobre todo, por la relevancia de las ciudades que logró sumar al espacio que busca posicionarse en el tablero provincial como un tercer sector, entre el peronismo y el radicalismo. Entre las ciudades importantes cuenta a Carlos Paz como propia, cuyo ex intendente y actual titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, junto al legislador provincial socialista Matías Chamorro, funcionan como los artífices políticos del foro que ya le arrebató varias localidades a la UCR y que ahora busca ampliar sus fronteras. Si bien las reuniones convocadas por el Centro Cívico son de carácter institucional, en verdad, esa mesa adquiere relevancia política ya que cada bloque juega con su propia estrategia. Tanto que, por ejemplo, el propio oficialismo aún no pudo determinar quién será el jefe de los intendentes PJ debido a la interna que -por ahora- existe con el senador Carlos Caserio, y a los tironeos permanentes por los alcaldes de Hacemos por Córdoba. Antes de definir el nombre que sucederá en ese lugar al ex intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, el peronismo que responde a Juan Schiaretti necesita asegurarse con cuántas lealtades cuenta en el interior. El radicalismo, por caso, también está empantanado en su propia interna. Las divisiones que arrancaron en el año electoral aún persisten y quedaron manifiestas en la fractura de la representación en la Mesa, donde ahora cohabitan dos sectores bien diferenciados entre sí. Una situación que por cierto ya fue aprovechada por el vecinalismo que sumó a sus filas a varios de los heridos que arrojó ese proceso. Lo mismo con algunos ex Cambiemos que ya no son parte de la alianza y que encuentran refugio político en el nuevo espacio del tercer sector. Por caso, Gloria Pereyra de Villa Dolores abandonó las filas del macrismo para pasarse al foro que ya integran los intendentes de Cosquín, Deán Funes, San José de la Dormida, General Deheza, Laspiur, Arroyito, Las Varillas, Icho Cruz, entre otros. Lo cierto es que este polo que va tomando tonicidad política, también comienza a tallar frente a la interna del peronismo cordobés.Aunque naturalmente el vecinalismo aparezca como convidado de piedra en esa interna, la realidad es que con la elección de quien presidirá el bloque en la Mesa Provincia-Municipio, el espacio sentó posición. Si bien las fichas estaban puestas para que sea Gabriel Musso de Cosquín por su experiencia de gestión ya que cumple su segundo mandato, esa jefatura será ocupado finalmente por Daniel Gómez Gesteira, delfín de Avilés. Y aunque hacia afuera se diga que Gesteira ocupa naturalmente el lugar del ex intendente carlospacense en la Mesa, existe en realidad una razón mucho más política. Frente a la puja Schiaretti-Caserio, el vecinalismo busca dejar en claro de qué lado se para. Se sabe qué, como referentes de Punilla, la rivalidad entre el senador y su hija, la legisladora Mariana Caserio, con Avilés, lleva mucho tiempo. El último enfrentamiento en las urnas el año pasado fue con cruces de alto voltaje político. Y si bien el bloque vecinalista buscará marcar su propia agenda en las reuniones del Panal donde planea moverse con total autonomía, la realidad es que sus principales representantes, tanto Avilés como Chamorro, son hoy socios políticos de Hacemos por Córdoba. Mas intendentesTal como ya se dijo, el vecinalismo apunta a superar al bloque de la UCR en cuanto a cantidad de habitantes representados. Para ello, planea tentar a nuevos miembros de origen radical pero también a intendentes kirchneristas no peronistas. Concretamente, las negociaciones apuntarán ahora al lote de jefes comunales cordobeses que hace unos días viajó a Buenos Aires de la mano del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para entrevistarse con el presidente Alberto Fernández. Entrá a la nota aquí